Evaluación electoral

• Luis J. Báez del Rosario (1ra. parte)

Si hacemos una evaluación de las elecciones de mayo 16 del cursante año, tenemos que asumir que estas fueron masivamente concurridas por el universo electoral de inscritos, el pueblo dominicano en su heterogénea composición social y género respondió espontáneamente a la convocatoria oficial del único órgano facultado para su organización y fiscalización, la Junta Central Electoral.

El Tribunal de elecciones cumplió diáfana, correcta y eficientemente con las responsabilidades impuestas por la Constitución y Ley Electoral vigente, e hizo más fluidas y rápidas las informaciones sobre los resultados preliminares y fnales del proceso mediante un instrumento electrónico modelo como los Escaners, además de equipos sofisticados en el área de la informática, selectiva escogencia del personal de apoyo técnico y logístico, medidas que tuvieron el aval de los partidos políticos y sus delegaciones electorales, observadores internacionales, diplomáticos acreditados en el país, entidades empresariales y representantes de otros importantes sectores.

Fueron estas condiciones favorables e integridad de los Magistrados Jueces miembros de la Junta Central Electoral, las que garantizaron con absoluta certeza esos escrutinios abiertos, expresando los electores con sus votos una conciencia cívica y democrática, fe en el destino de  la Nación, por encima de las imperfecciones y debilidades del sistema democrático y partidos, una coyuntural oportunidad a la clase política para una necesaria enmienda de defectos y errores en el ejercicio y juego político, para que sus acciones todas se correspondan con la ética, moral y servicios a la sociedad desde la función pública, principalmente en las altas y medias instancias de la pirámide del Estado.

Los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana dieron con su comportamiento durante todo el proceso electoral y propias elecciones, una firme y contundente lección cívica a algunos de nuestros políticos, pues la campaña estuvo matizada de dimes y diretes, descalificaciones personales, denuestos, frases altisonamente e hirientes para degradar moral y políticamente al contendor o adversario y sacarlo de la disputa electoral, armas que sin pensarlo se revierten con un costo negativa por el rechazo del electorado contra quienes las esgrimen o manejan soberbia e indiscriminadamente a través de la publicidad y medios, a veces con poca reatividad u originalidad en los mensajes.

También hubieron incidentes con un saldo trágico en focos específicos de la geografía, que nunca son extraños de ocurrir en procesos electorales, generados inevitablemente por la irracionalidad e intolerancia de dirigentes y militantes de partidos, atribuibles a la ignorancia, deplorables por su costo humano, pero que en nada alteraron el proceso y resultados.

La soberanía del pueblo dominicano se manifestó cuantitativamente con el voto en las urnas, una vez más demostró su adultez y madurez política, que está avanzando en el tramo de nuestra existencia republicana, que cree en la democracia como sistema de oportunidades y para satisfacer sus legítimas prioridades, aquellas que su propia condición humana consagra la Constitución, y que gobiernos emanados de la voluntad popular deben garantizar el acceso con sus programas de asistencia pública y social.