EL JAYA

Voz escrita de San Francisco y el Nordeste, Ed. 493
Viernes 21, de noviembre del 2008

Educación, institucionalidad y corrupción

• Luis J. Báez del Rosario

La corrupción es una mala práctica que falta a la ética, moral y buenas costumbres, transgrede las leyes y trastorna el orden social, tan antigua como la humanidad misma, siempre, nada extraño en ese comportamiento de fango, ha habido y habrán especies de la corrupción.

En países que tienen altos niveles de ducación, donde las instituciones son fuertes, de estas, la justicia, el imperio de la ley prevalece por encima de categorías y jerarquías, e índices de corrupción sensiblemente reducidos en comparación con los de países con niveles de educación inferiores o bajos, por lo que se puede colegir que entre educación e institucionalidad hay una relación de causalidad, el grado de conciencia de los ciudadanos y el principio de autoridad de quienes responden a un expreso mandato de la Ley, como es el caso de la justicia.

En esos países desarrollados por los niveles de educación, la frase “El que la hace la paga” tiene su real aplicación en las Cortes o Tribunales por el poder coercitivo con que se administra justicia, caiga quien caiga, desde el ciudadano común, como un humilde trabajador fabril u otra actividad, hasta el de mayor prestancia o investidura, político, legislador, ejecutivo de una empresa, financista o Presidente, no se privilegia a nadie con el favor de la impunidad, por el efecto sancionador hay menos probabilidades de corrupción, sin descartar casos de corrupción. La Ley supone, de acuerdo a nuestra Constitución y legislación vigente, es igual para todos los ciudadanos del país, sin excepciones, ese ha sido el fin garantista del legislador dominicano para proteger a la sociedad de sus enemigos naturales, por tanto es de estricto mandato en su ámbito de aplicación, simple enunciado en los textos, la realidad es otra en la aplicación, adolecemos de debilidades en nuestro sistema judicial, aunque justo es reconocer los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia para fortalecerlo.

Hay tribunales en que la íntima convicción y soberana actuación de algunos Jueces, han sido viciadas por presiones, intimidaciones, tráfico de influencias y soborno, imponiéndose los privilegios políticos o de clases al espíritu y poder represivo de la Ley, dando margen a la impunidad, reincidencia en las más variadas acciones corruptas y mafiosas, estimulando la comisión en los estratos más bajos de la sociedad por conductas adquiridas. Irónicamente se castigan con inflexible severidad a los más débiles, a los que roban una pierna de salami, pollo o racimo de plátanos para comer ante un estado compulsivo de necesidad, el llamado robo famélico, u otros delitos menores, que en ningún caso, que se sepa, justificamos, el robo es un delito y no hay razón para ello, cuando alguien resulta lesionado o agraviado en sus derechos.

En cambio, o a diferencias del delincuente común y de poca monta, los que tienen el poder e influencia, sea esta política económica o social, son descargados mediante tecnicismos legales y juego de artificios, estrategias de defensa, testigos a descargo fabricados y previamente preparados para el perjurio, para mentir a Dios en su juramento y sala de audiencias, tratándose de una farsa montada para favorecer al imputado, una trama complicitaria, mietras que en los corrillos judiciales, propia sociedad, circula y extiende el rumor de que hubo reparto de billetes de alta denominación, compras de conciencias.

Hay que reclamar y apoyar esfuerzos para que la justicia dominicana sea un poder realmente independiente, sin la interferencia e influencia de otros poderes en las actuaciones y decisiones de quienes tienen en sus soberanas investiduras el sagrado y compromisario deber de administrar justicia conforme al mandato de la Ley, igual al delincuente común que al de cuello blanco, sin tibiezas e indulgencias, imparcialidad y severidad en el trato a unos y otros, para que jueces y juezas dominicanos y dominicanas sean respetados por la sociedad y su autoridad sirva como espada protectora contra la corrupción, delincuencia y crimen organizado.