Desde la llamada del Presidente a un ingeniero a cargo de la construcción de un Liceo en Arenoso, provincia Duarte, los profesionales de la construcción se han convertido en un centro de atención, como si comenzaran a existir.
No sé si el «ingenierito» ese acudió ante la reprimenda, o si él es parte de las 10,000 aulas subastadas recientemente para ser construidas y que fueron convocados en esta semana al Palacio Nacional. La verdad es que no soy experto en materia de construcciones, tampoco en materia de licitaciones o estos proyectos, pero hay un hecho que está pasando desapercibido, entre el marasmo y la bulla de los de siempre.
Muchos se han preocupado por el atraso de las obras, otros y con mucha razón, por la transparencia y hasta por si las nuevas obras cumplen las normas sísmicas, como debería de ser. Para mí, que he dedicado años de estudio, entre otras cosas a los temas económicos, especialmente a apoyar técnicamente a sectores no favorecidos por el modelo como son los productores agropecuarios, las cooperativas, los micro emprendimientos, algunos hechos que ocurren me permiten apuntar a un debate que hace tiempo debió gestarse en el país al respecto de las obras que construye el Estado y su impacto, no como prestador de servicios, si no como demandante de los mismos.
No solo debemos tomar en cuenta a que lugares favorece el Estado con sus construcciones, que durante mucho tiempo fue solo a la gran ciudad, sino también, a quienes favorece con la contratación de servicios y la compra de bienes, la que ha sido, fuente fundamental de la acumulación de capital de la República Dominicana.
Por eso, además de la importante reacción de los sectores sociales y del mismo Presidente, que han reclamado mayor celeridad en las obras de construcción, al igual que se ha reclamado transparencia y mayor calidad en el gasto público y fin de la corrupción, también hay que tomar en cuenta el tema del modelo económico y los sectores beneficiarios; discusión que podemos concretizar a través de un concepto que yo llamaría «democratización económica».
Y es que la revolución, más que traer cambios políticos en los pueblos, lo que han procurado desde sus orígenes es realizar amplios y profundos cambios económicos que son el origen y el sustento de cambios políticos.
En esencia, el objetivo de la lucha de los trabajadores/as para instaurar un nuevo modo de producción, en este caso el socialismo como tránsito al comunismo, es fundamentalmente para poner los medios de producción al servicio de la sociedad; y para eliminar las contradicciones del capitalismo, donde, mientras la producción es un acto social, la distribución es individual.
La lucha política de los revolucionarios/as es, por tanto, la lucha por el cambio económico, después de todo, es una o quizás la fuente más importante del Poder, en este caso de clase.
Creo que la democratización económica, como un proceso que implique la desconcentración del ingreso nacional, de la producción y de la riqueza, podría ser una conquista importante para apuntalar un nuevo modelo de desarrollo, que quizás no rompa de raíz con el capitalismo, pero al menos, beneficiará a las grandes de mayorías nacionales, al tiempo que les daría fuerza económica, fundamental para impulsar otros cambios.
El primer hito que registro en la perspectiva de romper con la concentración económica fue llevar a subastas las importaciones agropecuarias. Por razones de la vida me tocó jugar un rol importante en la lucha de los productores agropecuarios, que permitieron la creación de CONFENAGRO en 2011 y que tenían como objetivo la defensa del interés de las mayorías, frente a los espurios intereses de las Mafias Importadoras, que beneficiando dos o tres, acababa con la vida de cientos de miles de propietarios de tierras, campesinos, sus trabajadores, sus familias, y todo el campo dominicano. Esas luchas, y la atención que hoy tienen los agro productores es una conquista elemental de las mayorías por la «democratización económica del país».
Otro hito importante en materia económica fue el Decreto 164-13 que concede a los micros, medianas y pequeñas empresas preferencias en las compras gubernamentales. Cada año el Estado compra, según tengo entendido, cerca de 200 mil millones de pesos en bienes y servicios, siendo estas compras una importante herramienta para promover el desarrollo económico a través de la producción, el empleo y la formación de cadenas de valor. Es el Estado el que decide si realiza las compras a las empresas pequeñas y medianas (que son el 98% de ellas en el país) o si favorece únicamente a dos o tres grandes empresas.
No puedo negar que los productores agropecuarios hemos tenido también una influencia importante en esto, sobretodo porque desde 2010 recorrimos el país entero clamando por la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Compras Dominicanas, la cual es una reintroducción de Pelegrín Castillo de una Ley que ya existía (27-01) y que fue abolida (medalaganariamente) por la Ley de Implementación del DR-CAFTA. Esta Ley se encuentra actualmente en el Congreso.
Además, son conocidas, las luchas de los ganaderos dominicanos para que la leche que se brinde en el Desayuno Escolar sea de origen dominicano y así, además de prevenir impasses con su calidad (las mal llamadas intoxicaciones), se genere empleo y riqueza en nuestros campos dominicanos. Me consta (y a todo el sector ganadero también) que el nuevo Director del Instituto de Bienestar Estudiantil está haciendo el esfuerzo de lograr ese gran sueño.
En materia de compras gubernamentales también ocurrió un hito importante, que fue el concurso para elaborar el pupitre dominicano, y así dejar en el país, los millones de dólares que se destinan cada año a este renglón. Más allá de lo que pudo ocurrir con el diseño y los problemas posteriores, la intención marca un interés en favorecer lo nuestro.
En cuanto a la transparencia en las importaciones y de compras gubernamentales no todo va color de rosa. No es verdad que con un decreto se podría desmontar un sistema mafioso y se dice que muchas “Pymes” se han creado de la noche a la mañana, mientras que las denuncias sobre las subastas de importación ya son públicas y conocidas. De todos modos es un proceso iniciado que tendrá que ser avaluado y perfeccionado, pero nunca revertido.
Por otro lado, otro importante hito, ha sido el esfuerzo por mejorar el acceso al crédito de la gente común y corriente, a través de múltiples intervenciones y mensajes positivos como son la capitalización del Banco Agrícola, la liberación del Encaje Legal, la reactivación del FEDA y la creación de Banca Solidaria, con todo y su novedoso préstamo a las trabajadoras sexuales.
El dinero que tienen los bancos es el resultado del trabajo de las mayorías convertido en ahorro nacional. Una tarea para la democratización, es lograr ampliar la cobertura, la calidad y la accesibilidad al crédito, que provea los capitales para lograr más puestos de trabajo digno. Tasas de interés bajas, flexibilización de las normas, cambio de garantías inmobiliarias por garantías prendarias, son retos a potenciar.
Sin embargo, lo más simbólico e importante, ha sido la decisión de sortear entre ingenieros (muchos de ellos desempleados) la adjudicación de las obras de construcción de las aulas, las estancias infantiles y la reparación de los hospitales, porque rompe con la concentración y permite oportunidades de trabajo para miles de profesionales dominicanos, y por otro, si se aplica bien, crea riqueza en las comunidades a través de la adquisición de materiales en pequeñas ferreterías locales, entre otros servicios.
Estos buenos inicios son absolutamente insuficientes, pero si se convierten en conquistas sociales, pueden conllevar a importantes cambios administrativos y de procedimiento, pero sobretodo de cultura.
Masificar y democratizar siempre incluye riesgos de corrupción, ineficiencia, y sobre todo de gestión. Evidentemente que «bregar» administrativamente con mil «ingenieritos» es mucho más tedioso y complicado que concederle a una empresa o a dos todas las obras. Claro que comprarle a 50 Pymes, lo que puedo comprarle a una gran empresa, es mucho más engorroso, quizás lento y hasta puede ser a la larga más costoso. Los que han estudiado los cambios organizacionales sabrán que existe un periodo de adaptación inherente a estos procesos.
Sin embargo, en el mediano plazo todo eso es compensado, y los beneficios sociales nos llegan a todos. A mayor empleo e ingreso, mayor poder de consumo, mayor tamaño del mercado y probablemente mayores ventas e ingresos para las empresas. A mayores niveles de empleos, mayores niveles de seguridad ciudadana. A mayores niveles de empleos, probablemente mayores niveles de educación y conciencia cívica, mayor combate a la corrupción y menores motivos para el clientelismo.
En definitiva, con la democratización económica que debe darse ganamos todos. Bueno, todos, menos los sectores que se benefician temporalmente de la concentración.
Por eso lo clave que resulta para los sectores sociales movilizados incorporar en las luchas la necesidad de la «democratización económica», la cual es la verdadera fuente de los cambios por los que luchamos.
Al fin y al cabo serán esos «ingenieritos» apoderados y consientes, junto con otros sectores y las mayorías, quienes podrán ayudarnos a construir una nueva sociedad.