Ramón Flores Merejo
La cámara de cuenta y los legisladores

Con tantos recursos de nuestro erario administrado por tantas personas en las instituciones públicas tanto del gobierno central como los gobiernos municipales y en en su mayoría con cuestionamientos serios departe de ciudadanos y programas de investigación, todos ellos por el mal uso o manejo de los mismos, es mas que preocupante ver la ambivalencia, desidia y falta de proactividad conque se maneja esa importante institución que esta como si no existiera.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en su calidad de órgano instituido por la Constitución con carácter principalmente técnico, goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, y, en tal virtud tiene personalidad jurídica instrumental, correspondiéndole el examen de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorias, estudios e investigaciones especiales para informar a quienes sea de rigor, conforme a las normas constitucionales y la presente ley.

Pero contrario a actuar con lo establecido, demuestra ser una institución marionetas de los que últimamente nos gobiernan, ya que sin temor a equivocarme, no hemos visto un caso de condena por informes que esta envíe a la procuradoria de la República.

Citamos los legisladores, porque estos deben en comisión, dar seguimiento al trabajo de la misma y todo indica que no están haciendo bien esta parte tan importante del rol de un legislador. Aquí la mayoría de legisladores, lejos de jugar su rol, solo se centran en su barrilito, cofrecito (estos dos no deberían existir), dádivas, sobornos, favorecer a particulares, clientelismo y sentarse allí a levantar las manos muchas veces como simples títeres.

Un país con una cámara de cuenta así y legisladores como los que en la mayoría tenemos, nunca avanzara en su institucionalidad y en el freno a la crecida corrupción e impunidad.

AQUÍ LE CITO LO QUE COMUNICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LO CUAL NOS DEJA BOCA ABIERTA.

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Explicó en un comunicado que desde el año 2012 al 2019 la Cámara de Cuentas da finalizado 356 auditorías, lo que da un promedio de 51 por año. “Si se toma en cuenta que las instituciones del Estado a ser auditadas son unas 1,470 a las que hay que agregar 32 partidos y movimientos políticos y 1,196 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos, sumando 2,698 instituciones, entonces solo el 13% ha sido auditadas en estos últimos siete años”, indicó.

«Si se acepta el argumento de la Cámara de Cuentas de que dispone de personal insuficiente para realizar su trabajo, por lo cual se ha fijado la meta en su Plan Anual de Auditoria (PAA) de realizar al menos una auditoria por institución cada cuatro años, entonces el total a realizarse a la fecha ha debido ser de 5,396 (2,698 X2)», abundó.

Dijo que “no se trata solo del limitado número de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, sino que los años que cubren tienen un gran retraso. De las 356 auditorías publicadas, unas 236 equivalentes a las dos terceras partes (66.29%), corresponde a los ejercicios presupuestarios del período 2006, 2007, 2008 y 2009, es decir de hace diez años. Esto puede tener un nefasto efecto para el Estado y la sociedad, consistente en que de haber ocurrido actos de corrupción en algunas de esas 236 instituciones, los responsables pueden alegar la prescripción del delito, al haber transcurrido diez años”.

«El trabajo de la Cámara de Cuentas se muestra ineficaz, también, al valorar las propias prioridades que esta se ha fijado en sus planes anuales de auditoria. Como se conoce, el peso del gasto público descansa en el gobierno central y en sus ministerios. Sin embargo, no se conocen de auditorías realizadas a los Ministerios de la Presidencia, de Relaciones Exteriores y de la Administración Pública. Tampoco ha sido persistente con los ministerios que más presupuesto manejan como son Obras Públicas, Salud y Educación», declaró.

Calificó de «insólito» que en doce años al Ministerio de Educación solo se le haya realizado dos auditorías (en 2009 y 2010). «Eso significa que a la fecha el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que empezó a entregarse en 2013 no ha sido auditado», manifestó.

«Asimismo, al Ministerio de Salud Pública solo se le ha auditado los años 2010 y 2011 y en Obras Públicas las auditorias solo llegan al 2014. Se tratan de cientos de miles de millones de pesos que se desconoce de su fiel inversión. Esto cuestiona la calidad del informe que la Cámara de Cuentas presenta cada año al Congreso Nacional”, subrayó.

Dijo que «otro aspecto que llama la atención es el trabajo profesional que debe realizar la Cámara de Cuentas, pues solo ha remitido a la Procuraduría General de la República un total de diez auditorias de instituciones de muy poco peso presupuestario para que se profundice en la investigación penal, lo cual tampoco se ha hecho».

«Dado el nivel de denuncias que se registra en los medios de comunicación y los casos de corrupción que frecuentemente afloran en la opinión pública, resulta insignificante la referida cantidad», acotó.

Manifestó que «tampoco se conoce de un solo caso en que la Cámara de Cuentas, haciendo uso de las prerrogativas legales que le otorga los artículos 46, 47 y 48 de su ley orgánica 10-04, y el artículo 148 de la Constitución de la República, sobre la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, haya obligado a algún funcionario a pagar a la administración los daños originados por sus acciones negligentes u omisiones.»

«De igual modo, la Cámara de Cuentas no está haciendo uso de otra herramienta poderosa para el control externo, que es el control social, definido en el artículo 7.4 de la Ley 10-04, al no crear un reglamento efectivo y de los mecanismos eficientes para que las organizaciones sociales y la ciudadanía en general den seguimiento al gasto público», significó.

En ese sentido, llamó a la Cámara de Cuentas a redefinir sus planes de trabajo, sus estrategias, prioridades y todo su accionar, a los fines de que responda a un verdadero organismo de control externo al servicio de los intereses de la sociedad. Fin de la cita.

Señores, si seguimos en manos de autoridades como las de estas ultimas décadas, vamos camino al precipicio.

Donde la disciplina y la ley no se aplica los males se multiplican.

El pueblo debe despertar y saber elegir bien por quienes votar para que este país tenga un cambio de rumbo, un cambio político y un cambio democrático y así se castigue a los corruptos haciendo cumplir las leyes por las que todos debemos regirnos.

El autor es Locutor, dirigente comunitario y aspirante a regidor por Alianza País.

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