Alberto Jiménez Monegro
La dignidad Humana versus Consumidores.

Cuando se habla de dignidad es como si se hablará de la propia naturaleza humana, es lo mismo que decir hombre y mujer, de ahí que la sociedad desde su inicio está cimentada en el principio de la dignidad. Su origen etimológico viene del latín dignitas, y ésta de dignus (digno, merecedor). Para terminar con esta parte introductoria, conecto con la definición que nos presenta nuestro lenguaje: cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Cualidad de la cosa que merece respeto.

Esta conceptualización la considero de gran importancia porque la presenta en el plano objetivo y subjetivo, vista como la facultad de toda persona que le permite exigirla, demandarla ante los demás; y que al propio tiempo obliga a quien se sienta poseerla, a comportarse como tal para hacerse merecedor.

En los instrumentos jurídicos que norman nuestra conducta, la encontramos en el mismo primer considerando del preámbulo de la declaración universal de los derechos humanos: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Igual en la misma dimensión preambular la encontramos en nuestra Carta Sustantiva: “…..regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad…….”. Es la parte central del Estado Social Democrático y de derecho, consagrado en el artículo 7 de nuestra Pacto Sustantivo, y además en el 5 y 8.

Como se puede observar el término dignidad, se presenta un tanto abstracto y subjetivo, pero el artículo 38 de nuestra Constitución nos permite una mejor aproximación: “Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Los derechos fundamentales que nuestra constitución empieza a listar en su artículo 37, están destinados, o por lo menos la mayoría de ellos, a proteger esa dignidad humana, que es innata a la naturaleza de los Seres Humanos; y entre esos Derechos está el artículo 53.

“Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.

Aunque se encuentra diseminado en varios artículos de la constitución, en esta parte el asambleísta quiso contextualizar la importancia de estas prerrogativas, como garante de la dignidad humana. Con sólo tomar el aspecto de la calidad señalada en el artículo de marra, tenemos los consumidores, para exigir en cualquier estamento jurídico, que se nos reconozcan y tutelen estos derechos, porque recibir, productos, bienes o servicios de mala calidad atenta contra la dignidad humana.

Exigible a través del ente regulador (PROCONSUMIDOR) mediante los procesos administrativos (ley 358-05) y ante los tribunales de derechos común, porque debido a su status de fundamentales, están protegidos mediante la acción constitucional de Amparo, lo que significa que en caso de urgencia, los tribunales de la República pueden actuar con el fin de proteger al ciudadano accionante, porque es fundamental para la dignidad humana.

Así estos derechos están directamente conectado con otras prerrogativas de igual rango constitucional como son; La seguridad alimentaria (art 54 C.D) el derecho a la seguridad social (art. 60 C.D) y derecho a la salud (art. 61 C.D.). Lo más importante entonces es que cada persona, dominicana o extranjera, las instituciones sociales, autoridades, abogados y los entes reguladores, entiendan la dimensión de estas facultades, como parte central de la dignidad humana, que deben ser cumplido y exigido, por todos los medios.

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