Nelson Rudys Castillo Ogando
El otorgamiento de fuerza pública y el Registro nacional de asistentes a embargos

La Ley No. 396-19, del 26 de septiembre de 2019, sobre otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias no tiene ‘vacatio legis’ por lo que, conforme al artículo 109 constitucional, después de transcurrir los plazos se reputa conocida en todo el territorio nacional y su vigencia es plena y de aplicación inmediata.

Con su entrada en vigor, la comunidad jurídica nacional y, los NOTARIOS de manera especial, deben saber que por mandato del artículo 33 de esta nueva ley quedan expresamente derogados los numerales 2 y 3 del artículo 51 de la Ley sobre Notariado, No. 140-15, del 7 de agosto de 2015, que otorgaban competencia exclusiva a los notarios para instrumentar actas de embargo de cualquier naturaleza, así como realizar desalojos, lanzamientos de lugares, protesto de cheques, fijación de sellos, etc.

La dicha ley, por disposición de su artículo 32, también crea el Registro Nacional de Asistentes a Embargos a cargo de la Suprema Corte de Justicia para que ésta lleve un control de todos los asistentes (participantes) a embargos y medidas conservatorias quienes acompañarán al ministerial en el proceso de ejecución.

La ley en comento señala en su artículo 34 que entra en vigencia después de su promulgación y publicación y al mismo tiempo le concede a la Suprema Corte de Justicia un plazo de noventa días para crear el Registro. Dentro de ese tiempo, la SCJ debe seleccionar el personal, verificar que no tengan antecedentes penales y dotarlos de un carnet de identificación.

Estos “asistentes”, participantes o acompañantes del ministerial actuante, aunque no lo expresa la ley, tendrán que estar disponibles cuando se requiera hacer una ejecución porque sus nombres y demás generales deben ser verificados previamente para asegurarse que no tengan relación de consanguineidad hasta el tercer grado inclusive con ninguna de las partes involucradas en el proceso.

Es fundamental que así sea porque el alguacil requirente debe suministrar los datos de las personas propuestas para asistirle (art. 9.6) y tienen que hacerse constar en el Auto de otorgamiento de la fuerza pública que emita el Ministerio Público que es el órgano responsable. Si faltare algún dato no será recibida la solicitud y, en consecuencia, no podrá ser concedida la autorización de auxilio policial.

Ante esa difusa situación, estaremos en un estado de inseguridad jurídica sin saber a qué abstenernos. Por un lado la ley es de aplicación inmediata y por el otro lado sus ejecutores aún no están definidos.

Esta ley dedica una cantidad considerable de sus artículos al establecimiento de un drástico régimen sancionatorio que contempla prisión desde un año hasta diez años y multas desde tres salarios mínimos hasta cincuenta salarios.

Seguiré sobre el tema en próxima entrega.

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